Desde entonces, según explica el activista Carlos Julio Rojas, “ha habido más de 10 intentos de invasión”, solo en el municipio Libertador, el más grande y tradicional de los cinco que componen el complejo entramado administrativo de Caracas. Lo que en otro lugar, sin ese caos de gobiernos locales, sería el centro de la capital.
“En 2020, (…) hubo 53 intentos de invasión de los que nosotros recibimos información. De ellos, 40 fueron en cuarentena (que se prolongó de marzo al 1 de diciembre) y un aspecto que es muy importante, ya no son solo viviendas y residencias”, explica el coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de caracas.
Según sus registros, el 57% de las invasiones son a locales comerciales y edificios de industriales con apoyo directo, complicidad, unas veces por acción y otras por omisión del Ejecutivo.
Rojas detalla que los ocupantes “buscan edificios que son vulnerables, apartamentos que estén solos” pero advierte que “las invasiones no tienen que ver con el tema de vivienda, tiene que ver con un negocio que tiene que ver con matiz político y económico”. “La violación a la propiedad privada es una política de estado”, concluye.
Indefensión
Son muchas gestiones que se realizan ante Fiscalía y organismos de seguridad y ha sido muy difícil restituir el derecho de propiedad porque las leyes no apoyan y hay un estado de indefensión total.
Hay familias que poseen apartamentos en el centro de la ciudad de Caracas y han terminado ocupado, muchos de estos propietarios salieron del pais a probar suerte, huyendo de la situación económica y social del pais, y aunque han dejado familiares y amigos a cargo de resguardar sus bienes, estos han sido ocupados por grupos violentos quienes declarándose de forma abierta, dicen pertenecer a colectivos y en uso de la constitución Nacional los ocupan alegando que se encuentran en estado de abandono.
“Están surgiendo supuestos movimiento de inquilinos. quienes haciendo uso de la fuerza han procedido a violentar puertas de apartamentos para ingresar y saquear, robar cuanto hay dentro de estos inmuebles sin que hayan ocurrido alguna intervención policial para desalojarlos. Estos grupos de personas, y otras personas del mismo edificio han procedido a reventar las puertas de apartamento sin la presencia de sus dueños alegando que estos están abandonados.
En otros caso muchas familias han intentado una disputa judicial sin lograr tener resultados favorables.
Lo cierto de toda esta situación que se presenta nuevamente obliga a residentes y propietarios de inmuebles adecuar programas y sistemas de protección a sus propiedades y de forma conjunta con el resto de los residentes de sus urbanismos para estar alertas y evitar se les lesione el derecho a la propiedad privada.
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